El
Centro Penitenciario Provincial de Mansilla de las Mulas empezará a utilizar
servicios de seguridad privada a
partir del próximo día 1 de abril, según desvelaron a este periódico fuentes de la
Asociación Unificada de la Guardia Civil. La misión inicial de los nuevos
miembros del equipo de vigilancia será hacerse cargo únicamente del control de
los accesos exteriores, pero los agentes temen que sea simplemente el primero de
una serie de movimientos destinados a privatizar los servicios de vigilancia de
las instituciones penitenciarias del país, de acuerdo a la filosofía general del
Gobierno.
Inicialmente se había anunciado la
paralización de este plan «pero
el hecho de que dentro de quince días se incorporen ya dos personas que se van a
encargar de este servicio, nos hace pensar que se trata solamente de la punta
del iceberg y que a continuación van a empezar a llegar más relevos de estas
características. «Nos han dicho que paulatinamente se irán dando pasos
encaminados a conseguir que el servicio se preste de la forma más adecuada
posible. Lo cierto es que lo único que ocurre es que poco a poco se van dando
pasos para llegar al destino final. Han reformado la ley de seguridad privada
para que puedan trabajar en centro penitenciarios. Entre los conocimientos que
deben tener los vigilantes, se ha incluido un temario que añade temarios
correspondientes al funcionamiento en los centros penitenciarios. Y ya para
rematar están empezando a crear puestos de trabajo de estas características.
Están siguiendo un camino muy claro».
Como
en el aeropuerto
El
sistema que se pretende implantar es «muy parecido al que se está empleando ya
en el aeropuerto de León. Hay un jefe de la guardia que es un cabo de la Guardia
Civil, con un agente. Si alguien se pone tonto, sale el guardia y ejerce la
autoridad que le corresponde, pero en los días de actividad normal, la labor la
ejercen los vigilantes privados. Es la táctica de este gobierno», insistieron
fuentes sindicales de la Guardia Civil a este periódico.
Igual
que la limpieza
«Lo
que pasa es que con el tiempo ocurrirá lo que pasó en el Ayuntamiento con el
servicio de limpieza, que ha habido que recuperarlo porque es que era muy caro.
Lo barato sale caro a la larga y el problema es qué van a hacer con los agentes
de la Guardia Civil que trabajan allí, porque no está claro. Queremos saber si
nos van a echar, si no nos van a echar... Hay una opacidad absoluta. Cuando
viene el segundo jefe y te cuenta una película para decir que hay que estar
tranquilos y que no va a pasar nada, suena a que te van a despedir en cuatro
días».
Los
representantes de AUGC lamentan la escasa información que a nivel oficial se
está facilitando a este respecto y consideran que a la larga, los planes de
privatización se concretarán de facto.
Recursos
judiciales
«Los
recursos por el tema de las ocupaciones externas se están ganando todos, pero si
te pillan te echan y luego tienes que pelearlo. Si mi mujer tiene un taxi y yo
quiero hacer un sueldo extra, lo tengo que solicitar. Y antes lo estaban
denegando pero ahora los jueces nos dan la razón, no son actividades
incompatibles. Y eso sí, el ministro del Interior tiene empresas de seguridad y
eso no es incompatible... Ya nos cansamos y vamos a ver si aplican la ley de
transparencia de una vez».
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