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Cataluña 'is different'... hasta en seguridad | Recuperación del carácter de agente de la autoridad, como tenían los antiguos Vigilantes Jurados.
La apuesta diferenciada de Cataluña
también afecta, y de qué manera, a la seguridad. Quieren, y ya son los primeros,
que en determinadas circunstancias los trabajadores de las empresas de seguridad
privada se puedan convertir en agentes de la autoridad, agentes
del Estado, a todos los efectos. Vamos, un salto cualitativo de
suma importancia y que modifica todo el escenario policial.
El
proyecto de la Generalitat ya tiene el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy. De
hecho, fue formalizado en la "comisión Bilateral Generalitat-Estado, en la
subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de
conflictos"
"El personal de seguridad privada, cuando preste
servicios para garantizar la seguridad de las infraestructuras
y los servicios de transporte público en Cataluña por cuenta de
la Administración o de entidades del sector público o empresas operadoras, y
siempre que el desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por
la Administración o ente público de acuerdo con la legislación de contratación
pública, tendrá condición de agente de la autoridad como
colaborador de los cuerpos policiales en Cataluña". Así reza la nueva
normativa.
De esta forma, en Cataluña, los agentes que vigilan
los autobuses o el metro pasan a convertirse en nuevos agentes de la autoridad,
como si pertenecieran a "los cuerpos policiales de Cataluña". Entiéndase que
actualmente, la Policía apenas tiene ya competencias en Cataluña y el despliegue
de la Guardia Civil en esa comunidad está quedando reducido a la mínima
expresión por lo que, los que saben de seguridad, entienden que esta apuesta
significa que los mossos, indirectamente, aumentan sus
plantillas con estos nuevos efectivos, estos nuevos
colaboradores.
Desde el Ejecutivo central y más concretamente
desde el Ministerio del Interior se miraba con bastante recelo esta apuesta, que
ya se comenzó a fraguar en la pasada legislatura autonómica. Pero, finalmente,
ambas administraciones consensuaron este texto, que ya es efectivo.
El Ejecutivo catalán apuesta fuerte por la seguridad privada.
Entiende que puede cubrir las deficiencias que ahora tiene la seguridad pública
y que no podrá solventar durante los próximos años ante la previsible
falta de presupuesto.
En cualquier caso, ha dado un
primer paso para aumentar las competencias legales de los
'privados', que ahora, a todos los efectos, en las misiones descritas,
serán agentes de la autoridad: ¿podrán identificar?¿podrán detener? ¿podrán
proponer sanciones?... Sin duda ahora entran en otra nube laboral bien
diferente.
Ya saben, cuando se crucen con un agente de la seguridad
privada en un autobús de Barcelona, ojo, tiene la misma potestad
legal que un mosso.
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